1 marzo, 2016

Además de la sobrepoblación, en los reclusorios nacionales prevalecen la corrupción, el control de grupos delictivos y la ausencia de la ley, lo que los aleja de su objetivo: la readaptación social, se planteó en la mesa Homicidios en Centros Penitenciarios, realizada en el Aula Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Con base en información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Francisco Rivas Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que en el 88 por ciento de los penales estatales y el 45 de los federales no se separa a sentenciados de procesados y refirió que según el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en 2014 se registraron mil 471 riñas (692 en los Ceresos y 779 en los Ceferesos).

Algunas fueron tan cruentas como la de Topo Chico y otras no tanto, como las de Apodaca (febrero de 2012), Ciudad Juárez (julio de 2011) y Tijuana (septiembre de 2008), añadió.

En cuanto a la sobrepoblación, Rivas Rodríguez detalló que a fines de 2014 había 223 mil 656 presos en 269 edificaciones diseñadas para dar cabida a 173 mil 400 camas. En 23 entidades el número de internos rebasaba la capacidad instalada (Nayarit en 177 por ciento; Estado de México en 126; Hidalgo en 100; Jalisco en 82 y Durango en 58).

El costo de manutención para cada reo fue de 52 mil pesos en promedio. En ese lapso, al cruzar los datos de la población carcelaria en el país y los presupuestos estatales, se aprecia que en los dos extremos del espectro están Guanajuato y San Luis Potosí, pues el primero destinó 135 mil pesos por sujeto y el segundo apenas siete mil.

Asimismo, la relación reclusos-custodios a nivel nacional indica que por cada nueve presos hubo un vigilante; Quintana Roo fue la entidad con menos al tener uno por cada 36 convictos y Guanajuato la que más, con 10 guardianes por cada 30 confinados.

“Los delitos, en su mayoría, han sido sancionados con encarcelamiento, pese a que hay mecanismos como la pena pecuniaria, en su especie de multa y trabajo comunitario, así como otras estrategias a las que no se acude tradicionalmente”, refirió Rivas Rodríguez.

Daniel Montero Zendejas, del Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, subrayó que los puntos focales a observar en el renglón son: superpoblación, corrupción y ceguera de autoridades.

“Hay hacinamiento y bajo salario del personal de seguridad y custodia, lo que condiciona actos de corrupción y en muchos casos el dominio de la delincuencia organizada”.

María Sirvent Bravo Ahuja, de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, expuso que nuestro nuestro país detenta el sexto lugar global por el tamaño de su población penitenciaria, atrás de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil. “Aquí, el 44 de los privados de su libertad ingresa sin condena. De esta manera, el sistema enfrenta dos problemas estructurales: superpoblación y uso desproporcionado de la prisión preventiva”.

Miguel Sarre Iguíniz, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, estableció que para cambiar esta realidad “se requiere que prime la ley para que no imperen los poderes salvajes y la muerte al interior de las cárceles, pues los problemas derivan de la inexistencia de mecanismos que hagan valer las normas. En esta labor son indispensables jueces de ejecución penal que cumplan su función constitucional y garanticen el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.

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