29 marzo, 2016

Sin resolver las circunstancias socio-económicas que llevan al comercio sexual, la prohibición o el intento de erradicar esta actividad marginaría más a quienes se dedican a vender servicios sexuales, consideró la doctora Marta Lamas.

La etnóloga y doctora en Antropología señaló que es necesaria una política de regulación que saque de la clandestinidad a quienes requieren ese trabajo y se les otorguen servicios de salud, educación y capacitación que acompañen los derechos laborales.

En la Mesa redonda: Comercio sexual: un caso de disputa política en tiempo del neoliberalismo, realizada en la Sala Xochicalli de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que tanto a nivel empírico como conceptual es inapropiado equiparar la prostitución con la trata de personas, el delito de lenocinio y la explotación sexual, pues difieren sustancialmente.

“La prostitución es un tipo de trabajo, mientras que las segunda es un grave atentado contra la libertad y está claramente tipificada como delito”. Sin embargo existe la discusión que mezcla trata con prostitución como resultado de una estrategia para eliminar por completo el comercio sexual, invisibilizando los derechos y alimentando el puritanismo.

La profesora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó que existe una política abolicionista del comercio sexual, impulsada por una cruzada moral dirigida por la derecha religiosa y las feministas abolicionistas que lograron en Estados Unidos censurar las políticas gubernamentales hacia el trabajo sexual.

Además consiguieron la instauración de un veto a todas las formas de apoyo, incluidas las instituciones civiles que hacen activismo con trabajadoras y trabajadores sexuales.

El abolicionismo actual pretende la erradicación total del comercio sexual; su fortalecimiento aparece en un momento en que la desregulación neoliberal del comercio ha permitido la expansión de diversas formas de comercio sexual, por ejemplo la proliferación de nuevos productos y servicios: table dance, sex-shows, sexo telefónico, turismo sexual y sexo acompañantes, entre otros.

En México, la cruzada abolicionista se convirtió en un proyecto del gobierno panista de Felipe Calderón que se institucionalizó, casi por completo, con la Ley de Trata, en 2007.

Esta visión –abolicionista– del problema visualiza los hechos en blanco y negro, sin reconocer matices ni complejidades, aun cuando en México el trabajo sexual responde a una elección libre de miles de mujeres sin más coerción que su situación económica, en un ámbito donde también coexisten la trata criminal y el secuestro o engaño de mujeres.

La compresión del fenómeno requiere considerar el empleo del término comercio sexual sobre el de prostitución; el primero incluye un proceso de compra-venta en el que hay un cliente, mientras el segundo sólo hace alusión a quien vende servicios sexuales.

Dicho análisis afronta dos visiones: la primera considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al trabajo sexual y, por lo tanto, debe abolirse. La segunda plantea que el comercio sexual presenta formas variadas de desempeño que deberían regularse; reconoce los derechos laborales de quienes se dedican a esta actividad y plantea que deberían ofrecerse opciones, incluso de capacitación.

Desde una perspectiva libertaria no hay razón para estar en contra del comercio sexual, mientras cada quien haga con su cuerpo lo que libremente haya decidido, pero muchos consideran que la compra-venta de sexo es de un orden distinto a otras transacciones mercantiles.

“Y tienen razón: el trabajo sexual no es igual a los demás y el estigma lo prueba claramente; además si se evalúan las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, así como los efectos que producen en mujeres, hombres y normas sociales, y el significado que imprime a las relaciones entre ambos, el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y seres socialmente inferiores a los hombres”.

Luz Jiménez Portilla, doctoranda en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología de la UNAM, dijo que los discursos que se construyen sobre la trata sexual de mujeres no tienen un origen único ni remiten a un suceso concreto a partir del cual se encadenaron otros elementos para dar lugar a una historia lineal.

“Son producto de una historia accidental, caótica e incluso desordenada de acontecimientos que en apariencia no se relacionan, pero se constituyen como un campo heterogéneo de relaciones de poder y de decisiones políticas nacionales, transnacionales y supranacionales”.

En su ponencia Reflexiones en torno a la construcción de los discursos sobre la vulnerabilidad de las mujeres frente a la trata sexual en los contextos neoliberal señaló que no se puede buscar el origen del discurso anti trata porque implicaría pensar en una verdad única sobre el fenómeno.

En los últimos años la trata de personas se ha construido como un asunto de feministas o de organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos y otros actores políticos y sociales implicados.

El resurgimiento de la trata sexual está relacionado con el complejo comercio sexual en una economía global; el aumento de los movimientos migratorios de mujeres pobres que se insertan en el mercado del sexo; la creciente presencia de grupos especializados en la explotación de las mujeres, y la magnitud de los beneficios económicos que produce.

La especialista precisó que no todo el comercio sexual es ilícito o está directamente relacionado con la trata, sino sólo aquel que se realiza a través de la transgresión de los derechos humanos, mediante la fuerza, la violencia, las amenazas, el engaño o la coacción

Al recordar que el feminismo evolucionista ha orientado el combate de la trata sexual hacia propuestas dirigidas al rescate de las mujeres, el endurecimiento de las sentencias y la persecución penal de la demanda de servicios sexuales indicó que hay otra posición feminista que lo reivindica.

La regulacionista propone un análisis del fenómeno desde la perspectiva de las mujeres que participan en la industria del sexo y subraya que las condiciones de desigualdad estructural tienen un papel fundamental en los casos de trata de mujeres.

Ambas –la abolicionista y la regulacionista– no son diametralmente opuestas y sus diferencias pueden ser, incluso, ilusorias, ya que su análisis depende de los contextos sociopolíticos específicos.x

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