4 abril, 2016

 

Aun cuando existen disposiciones legales que permiten la difusión de anuncios en radio y televisión para transmitir informes de instancias oficiales y actos proselitistas, se trata de actividades prohibidas a nivel constitucional, advirtió el doctor Roberto Duque Roquero, articulista de los periódicos El Universal, Reforma y Milenio.

La propaganda gubernamental no debe confundirse con la promoción personal de un servidor público, pues “la comunicación social es bien utilizada y oportuna cuando se informa a la población sobre una emergencia sanitaria”, como en el caso del virus del Zika”, destacó.

La Ley de Propaganda Gubernamental debió expedirse después de la reforma constitucional efectuada en 2007, la cual era una de las primeras obligaciones del Congreso Federal y por ello no ha sido posible aplicar sanciones en la materia, agregó.

Invitado al III Coloquio de Comunicación política. Campañas, medios, redes y participación –llevado a cabo en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– el periodista comentó que el modelo de comunicación política fue uno de los aciertos más grandes de aquella reforma.

Al participar en la Mesa: El modelo de comunicación política en México: marco legal, financiamiento y fiscalización, moderada por la doctora Dolly Espínola Frausto, Eduardo Huchim, especialista en temas electorales y analista de CNN-Aristegui, resaltó que es más frecuente la simulación de propaganda disfrazada de información.

“Los políticos son presentados en programas noticiosos, deportivos o de entretenimiento como comentadores, pero en realidad se tratan de tiempos pagados por debajo de la mesa. Esa propaganda es muy difícil de probar”, señaló.

El periodista y escritor indicó que entre el cinco y el diez de marzo de 2015 “fuimos testigos de dos golpes al modelo de comunicación política de México. En uno de ellos, el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación censuró y ordenó el retiro de un promocional del Partido Morena en el que se criticó la adquisición del avión presidencial.

Por otro lado, la sala especializada del mismo Tribunal exoneró a varios conductores de noticiarios de televisión quienes atacaron “abierta e injustificadamente el modelo actual de comunicación social.

“Desde mi perspectiva, el Tribunal se sometió a los intereses del Poder Ejecutivo y a uno fáctico, como es la televisión comercial”; el problema de la fiscalización electoral que realiza el Instituto Nacional Electoral es uno de los retos principales, pues actualmente se realiza mediante el informe que los propios partidos elaboran.

Los departamentos de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa, así como el de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la UAM, en conjunto con la Universidad Federal de Paraná, Brasil, organizaron la tercera edición de esta actividad.

Durante el acto inaugural el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Cuajimalpa, celebró el carácter interdepartamental, interdisciplinar e internacional del Coloquio, que logró unir los campos de la comunicación y la comunicación política y a sus estudiosos.

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