25 mayo, 2016

 

El Poder Legislativo de México no alcanza una calificación aprobatoria en materia de transparencia, archivos y rendición de cuentas, como ocurre en el resto de América Latina, aun cuando ha presentado avances de manera progresiva, señaló el doctor Víctor Alarcón Olguín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los datos del más reciente informe de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa determinaron que, en una escala de cien puntos, la región registró un promedio de 40 y México de 37 puntos.

“La preocupación por mejorar y desarrollar condiciones favorables es evidente, producto de la presión ejercida por la sociedad civil; incluso, desde la administración pública se trabaja en ello y la pluralidad política ayuda a superar resistencias”.

El académico participó en la Mesa: Los nuevos sujetos obligados: avances y resistencias, del Foro Archivos. Condición para el funcionamiento de los sistemas nacionales: transparencia, archivos, rendición de cuentas, convocado por la UAM y el Archivo General de la Nación (AGN).

El Jefe del Área de Investigación en Procesos Políticos de la Unidad Iztapalapa de esta casa de estudios planteó que México “cuenta con una buena normatividad de inicio, pero con enormes dificultades de aterrizaje en sus niveles de atención al público para justificar adecuadamente el gasto del presupuesto.

“La capacidad de autogobierno del sistema legislativo mexicano y sus consecuentes réplicas en los estados, le brinda una situación de privilegio que lo hace proclive a la opacidad”, incluso “lesionando la autoridad moral que el Poder Legislativo debería tener respecto de las demás instancias del Estado”.

El combate a la opacidad en el Poder Legislativo ha registrado avances marginales, sin embargo los intentos o compromisos de orden general para coadyuvar a la generación de ordenamientos establecidos con las reformas constitucionales no han sido suficientes para que el propio legislativo se reorganice con el objetivo de atender los requerimientos.

“Los rendimientos son dispares y en transparencia existen problemas para que el ciudadano sepa cómo se gasta el dinero”, pues no hay acceso a la documentación para reconstruir la historia legislativa.

El doctor Alarcón Olguín señaló como un reto la recuperación de la iniciativa de crear el Sistema Mexicano de Información Legislativa, con el fin de suscitar indicadores de autoevaluación, procesar la información que se genera en cada documento elaborado en ambas cámaras y fomentar una red con los congresos estatales.

Mediante ese mecanismo se elaborarían indicadores de medición para conocer cómo trabajan las comisiones, los tipos de materiales que producen y cuándo se reúnen, es decir, cómo transcurre una iniciativa hasta su presentación y posible aprobación o rechazo.

También promovería la redición de cuentas respecto del gasto de recursos económicos, que representa otro foco de resistencia; otro reto consiste en la construcción de un archivo que brinde acceso a la información.

El licenciado Javier Santiago Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, dijo que la fiscalización es un mecanismo de rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos de los partidos con el fin de determinar su origen.

Antes de 1996 se carecía de un instrumento para inspeccionar los gastos de los partidos políticos, pero la reforma electoral de 2014 transformó la práctica de la fiscalización centralizándola en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los entes obligados a la rendición de cuentas son los partidos, los candidatos, los aspirantes a candidatos y las organizaciones políticas, ciudadanas y de observadores electorales.

Santiago Castillo destacó que el trabajo de fiscalización representa un desafío enorme, pues sólo en el periodo 2014-2015 se presentaron más de 7,257 informes de precampaña, desde gobernadores a presidentes municipales, y 4,357 de campañas de diputados federales.

En precampañas se sancionó a los partidos políticos con 22 millones 597 mil pesos; 282 precandidatos fueron inhabilitados en las entidades federativas por no haber entregado informes o rebasar los topes de campaña.

Respecto de las campañas electorales se presentaron, en el periodo referido, 12,914 informes de candidatos; 2,667 diputados federales y un millón 70 mil operaciones de fiscalización. El total de sanciones aplicado a partidos fue de 131 millones de pesos.

El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, dijo que la trasparencia ha avanzado extrayendo poderes al presidencialismo: primero se le quitó el Congreso al cual manipulaba por ser parte de un partido hegemónico; después la Corte y los tribunales, a los que condicionaba; más tarde el INE, el Banco de México y los órganos autónomos, entre ellos las universidades y los sindicatos.

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