Daily Archives: 2 mayo, 2017

Casi el 90% de los capitalinos desconfía de la calidad del agua

La desconfianza de los capitalinos respecto de la calidad del agua que suministra el sistema de la Ciudad de México (Sacmex) ha provocado la preferencia por el producto embotellado, aun cuando alcanza hasta 235 veces más el precio por litro que el del grifo, convirtiéndose en un negocio bastante lucrativo para las compañías.

Comprarla envasada, tratarla –hervir y clorar– e instalar filtros son algunas de las estrategias domésticas para reducir el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales por la ingesta del recurso de dudosa condición.

Un estudio efectuado por especialistas en economía del agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 87 por ciento de las viviendas de la metrópoli desconfía de la calidad del fluido que recibe y estaría dispuesto a pagar hasta 55 pesos bimestrales más por uno que no afectara la salud.

La doctora Lilia Rodríguez Tapia, investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco –junto con los doctores Daniel A. Revollo Fernández y Jorge A. Morales Novelo, docentes de esa sede universitaria– reporta que el monto que los capitalinos estarían en posibilidad de erogar equivale a 8.7 por ciento del pago bimestral del servicio y a 0.3 por ciento del ingreso familiar mensual.

Sacmex cubre alrededor de 98 por ciento del abasto público en la urbe, lo que significa que casi 48,000 hogares no están conectados a la red y obtienen el líquido por pipas o tandeo, aun cuando la provisión de agua entubada es de las más altas del país.

Entre las mayores deficiencias en el servicio están la discontinuidad en el suministro, la insuficiencia en la cantidad y la desconfianza respecto de la calidad, expuso Rodríguez Tapia.

La disponibilidad a pagar más por un bien básico obedece al alto costo del fluido embotellado y la baja credibilidad de la población en el organismo responsable de proveerlo, mientras que unas 2,140 pequeñas y micro empresas lo obtienen del organismo público para venderlo en botellas y garrafones y dos compañías grandes lo extraen de pozos, subrayó la académica.

La oferta anual del recurso envasado registra niveles de producción que rebasan los volúmenes “que la teoría define como punto de equilibrio” industrial, un excedente generado por los enormes beneficios obtenidos.

La razón de esa sobreoferta es el valor por metro cúbico en el mercado: entre 350 y 370 pesos, no obstante que las embotelladoras compran a entre 20 y 24 pesos el metro cúbico, dependiendo si proviene de la red pública o de pozo.

Este es un costo promedio porque la subterránea asciende a unos 19 pesos por metro cúbico y el de las pequeñas empresas está relacionado con la tarifa que aplica el organismo operador, un diferencial que hace “muy atractivo el negocio”.

Las ganancias extraordinarias y el incremento sin control de la oferta alientan a las corporaciones a continuar la sobreexplotación de los acuíferos y a aumentar la extracción del bien hídrico del sistema público para revenderlo, mientras resulta sorprendente la conducta de los consumidores para satisfacer sus requerimientos de agua bebible de calidad, ya que su disposición a pagar a Sacmex alcanza los 672.7 millones de pesos al año, pero sus gastos efectivos en agua embotellada suman 7,410 millones de pesos en el mismo periodo, lo que revela la credibilidad en el sector privado.

Sin embargo, la solución adoptada repercute en forma negativa en los grupos de ingresos medios y bajos, que destinan un porcentaje significativo de los mismos para cubrir esa necesidad básica, sacrificando otras, dijo la jefa del área de Crecimiento económico y medio ambiente.

Los resultados de la investigación sugieren que la política hídrica del gobierno debe ser revisada para superar las restricciones en una función establecida por la ley: el abastecimiento de agua de calidad a la población y, a esta falla se suma una regulación ineficiente en materia de tarifas y derechos aplicada a las embotelladoras, lo que se refleja en precios tan bajos de venta de bienes hídricos escasos, que luego son revendidos más caros en relación con su costo.

La política de tarifas y derechos no considera que el vital líquido vendido al sector es un insumo productivo que busca una ganancia y, por lo tanto, debe ser tratado en forma distinta a un consumo final, por lo que es prioritario reflexionar sobre las condiciones de extracción concedidas por la Comisión Nacional del Agua en acuíferos que registran sobreexplotación extrema.

El doctor en economía y recursos naturales Daniel A. Revollo Fernández consideró que la disponibilidad de los usuarios para pagar cada mes cerca de 55 pesos por una mejora en el fluido impacta de manera distinta a las familias, si se considera que a medida que un grupo tiene mayor ingreso económico estará dispuesto a pagar más, pero aquellas de escasos medios son las que están convencidas de desembolsar por un bien óptimo.

El miembro de las cátedras Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco precisó que los sectores con percepciones bimestrales menores a 9,000 pesos están en condiciones de costear hasta 50 pesos por mejoras en la calidad, mientras que los que registran más de 18,000 pesos pagarían hasta 65 pesos.

La relación entre estos montos revela que los hogares de menores ingresos podrían dedicar un porcentaje mayor respecto de los de recursos más altos: 0.47 por ciento y 0.15 por ciento, en cada caso, “un resultado atractivo que muestra que son las personas pobres las más interesadas en que Sacmex suministre agua de calidad, ya que son quienes compran la mayor cantidad de botellas o garrafones”, sea porque tienen menos acceso a la provisión del fluido o porque lo reciben sucio. 

La crisis migratoria puede volverse transformación

Migrantes con el estómago marcado con hierros, como ganado; niños guatemaltecos a los que el mar escupió, ahogados, en las costas de Chiapas, igual que a los pequeños sirios; hombres y mujeres centroamericanos obligados a pagar derecho de piso en los poblados cercanos al municipio de Comitán, Chiapas. José Luis González, SJ, ha visto estas imágenes en vivo y sabe que en el sur de México es evidente una crisis de humanidad. Pero no alberga desesperanza. Cree que tenemos una oportunidad para construir la fraternidad.

El sacerdote, coordinador del Proyecto Frontera Comalapa, Chiapas, del Servicio Jesuita a Migrantes, participó el 25 de abril pasado en el panel «El norte y el sur. Comunidades migrantes en los Estados Unidos y en México», en el cual también estuvo presente Marla Conrad, quien es una de las coordinadoras de la Iniciativa Kino para la Frontera en Nogales, Sonora y Arizona.

En el sur, la esperanza del jesuita también está llena de imágenes. En Comalapa, donde trabaja, ha visto cómo hace unos meses un empresario ferretero cedió su negocio de 400 metros cuadrados y los nueve departamentos de la planta alta del edificio para volverlos un albergue; sabe que algunos años antes varias familias de la región, que habitan viviendas de un cuarto, compartieron sus hogares con familias guatemaltecas refugiadas, y conoce a una pareja que decidió construir una casa para que los domingos puedan descansar mujeres centroamericanas prostituidas,muchas de ellas niñas.

En el otro extremo de México, en la frontera norte, la organización en la que trabaja Marla Conrad atendía hasta hace unos meses sobre todo a mexicanos que intentaron o intentarían cruzar el muro, atraídos por el imaginario de que es más fácil hacerlo por Nogales, Sonora, lo cual es falso.

Hoy, ese tramo de la frontera recibe cada vez más a personas deportadas por Estados Unidos. Muchas estaban peleando ante un juzgado de aquel país la propiedad de una casa, y se mantienen en Sonora con la ilusión de no perderla.

La estadounidense lamentó que miles de mexicanos acuñen el discurso de Donald Trump que asegura que los deportados son todos criminales, pues ya están ocurriendo casos graves de discriminación contra ellos.

De acuerdo con los datos de la Iniciativa Kino, no sólo ha cambiado el perfil de las personas que reciben apoyo de esta organización, sino las formas de la expulsión. Hoy más personas son arrojadas a la frontera en el estado de Tamaulipas, uno de los más peligrosos del país por la presencia de grupos criminales.

En pocas palabras, expresó la activista, el crimen organizado y la discriminación son muros que enfrentan tanto los que quieren ir al norte, como los que fueron desterrados.

Con una experiencia de casi 30 años de trabajo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y como miembro de la Red Jesuita con Migrantes, González identificó la crisis que ha provocado la migración en México a partir de tres conceptos: el sufrimiento, el dilema y la transformación.

Recordó que si bien el discurso de miedo de Trump ha detenido el flujo de personas hacia Estados Unidos, México ha contribuido en la disminución (mientras en diciembre eran detenidas y expulsadas de ese país, en promedio, 43 mil personas cada mes, hace unos días el Departamento de Seguridad afirma que la cifra se redujo a 12 mil 500, el nivel más bajo en los últimos 17 años).

En la frontera sur, añadió, también existen muros mentales, racistas y criminalización. En las comunidades de Chiapas fronterizas con Guatemala, muchas redadas contra los migrantes centroamericanos en tránsito son ejecutadas por organizaciones populares de campesinos, acusó.

La crisis migratoria, resaltó, también es dilema desde que una persona comienza su viaje al norte, pues no sólo se trata de si abandonará su casa. Cada decisión durante su viaje por el territorio al que muchos consideran la frontera más espesa del mundo, cambia la trayectoria y la vida de los migrantes.

Pero la crisis también puede ser cambio, transformación. Puede hacer que México mire más hacia el sur, en vez de ver sobre todo al norte, donde es despreciado y ha provocado acciones de solidaridad, individuales y en red.

Conrad recordó que las políticas anti migratorias del actual presidente de Estados Unidos no son nuevas. Ya existían. Trump sólo decidió ejecutarlas.

En 1986 el entonces presidente Ronald Reagan, republicano, firmó una amnistía y al mismo tiempo impuso el control de la frontera con México. En 1993 el demócrata Bill Clinton comenzó la construcción del paredón «que no detiene a muchos, pero es un símbolo». En 2006 comenzó la construcción del muro real: retenes, cámaras, sensores, drones. En 2008 se echaron a andar los programas para identificar a los inmigrantes sin documentos de residencia, a través del Programa 287 (las llamadas ciudades santuario se negaron a participar).

Desde 2014 México aceptó la construcción de una frontera vertical. No tiene ladrillos, sino vejaciones a los derechos de miles de hombres, mujeres y niños que son expulsados por la violencia y la pobreza de sus países de origen.

El panel «El norte y el sur. Comunidades migrantes en los Estados Unidos y en México» fue organizado por el Programa de Asuntos Migratorios, el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, y la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ITESO.

Sofía de la Peña, académica del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, destacó que las universidades tienen mucho trabajo en el tema de la migración y es posible que aprovechen, con fines de investigación y apoyo, un escenario que antes era invisible y ahora sí podemos ver.